blog de opinión politico-social por un altermundista
13/06/2006
El secretario de Estado de Hacienda anunció que la reforma fiscal costará al Estado 9250 millones de euros, una cantidad de dinero nada despreciable. Ocaña celebró el beneficio que esto supondrá para el contribuyente, y yo me pregunto si el contribuyente no recibiría de mejor agrado el anuncio de un paquete de medidas para fortalecer y mejorar los servicios públicos.
Por desgracia nos tienen acostumbrados a que un gobierno de “izquierdas” se jacte y vanaglorie de una bajada de impuestos, cuando la principal obsesión de un partido socialista debería ser la redistribución de la riqueza. Redistribución a plasmar en unos servicios públicos de calidad y en un Estado de Bienestar -ya que son socialdemócratas- real.
Nada de esto ha de sorprendernos después del jaque mate lanzado, con la aprobación de la Directiva Bolkestein, al principal pilar del Estado de Bienestar, los servicios públicos. Dicha directiva aboga por la liberalización de los mismos siguiendo las recomendaciones de la OMC y su Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS).
Esta reforma fiscal reduce, para el IRPF, a 4 el número de tramos, muy lejos queda aquella aspiración de conseguir un tributo progresivo -cuando los contribuyentes con mayores rentas o patrimonio pagan en mayor proporción que los que tienen menos rentas o patrimonio- que consiga una redistribución justa de la riqueza y haga realidad el artículo 31 de la Constitución:
Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso tengan carácter confiscatorio
El tipo máximo para sociedades se establece en el 30% -se irá reduciendo para llegar a esta cifra en el 2008- frente al 43% para las personas físicas.
Con esta reforma se consigue que los que tengan más no paguen tanto -basta con crear una sociedad ,si estas en ese tramo en el que has de pagar el 43%, y tu presión fiscal se reduce 13 puntos-, y la responsabilidad de engordar las arcas del estado recaiga sobre el asalariado, el único que no dispone de medidas legales donde esconderse para tributar menos.
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